La concepción de la dignidad humana expresada a través del discurso de los derechos humanos ha cobrado una gran importancia durante las últimas décadas; se ha configurado como uno de los principales criterios de legitimidad en el ámbito político y jurídico. Los Estados se autodefinen como estados constitucionales de derecho, garantistas, democráticos, sociales –entre otros calificativos–, y cuentan con constituciones que incluyen catálogos más o menos semejantes de derechos humanos. Se afirma que los derechos humanos son el fin último del Estado, y que éste contiene diversas instituciones encargadas de garantizarlos, de repararlos, en obediencia a y en aplicación de la Constitución y los tratados internacionales en la materia.