La inclusión en la Constitución Política de 1991 de derechos e intereses colectivos, abre un campo de acción en materia de interpretación constitucional en Colombia. Este desarrollo jurisprudencial debe estar guiado fundamentalmente por las sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, quienes se encargan de dotar de contenido a esta institución jurídica.